Derecho en España
Lo que dice la ley hoy, lo que decía ayer y las sentencias que lo cambiaron todo.
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Cuando el adulterio era delito en España: la reforma de 1978
En España, el adulterio y el amancebamiento dejaron de ser delito con la Ley 22/1978, de 26 de mayo, publicada en el BOE del 30 de mayo de 1978. Derogó los artículos 449 a 452 del Código Penal, que castigaban con prisión menor a la mujer casada adúltera y, de forma más restringida, al marido amancebado.
Ver la ficha →La infidelidad ya no es causa de divorcio: el cambio de 2005
No. Desde la Ley 15/2005, de 8 de julio, el divorcio en España no exige probar ninguna causa: basta con que uno de los cónyuges lo pida, pasados tres meses desde la boda, plazo que no se exige si hay riesgo para su vida o integridad. La infidelidad dejó de ser un motivo que hubiera que alegar o demostrar.
Ver la ficha →De 13 a 16 años: la reforma de la edad de consentimiento sexual
En España la edad de consentimiento sexual es de 16 años. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la elevó desde los 13 años, con efectos desde el 1 de julio de 2015. La ley excluye la responsabilidad penal cuando el autor es una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez.
Ver la ficha →Vivir en pareja sin casarse: el marco legal de las parejas de hecho
Depende sobre todo de la comunidad autónoma. España no tiene una ley estatal general de parejas de hecho: desde la ley catalana de 1998, las regulan normas autonómicas con registros y requisitos propios. En la STC 93/2013, el Tribunal Constitucional anuló varios preceptos de la Ley Foral navarra 6/2000, entre ellos uno por invadir competencias del Estado.
Ver la ficha →Fidelidad conyugal en el Código Civil: una obligación sin castigo
El artículo 68 del Código Civil obliga a los cónyuges a guardarse fidelidad, pero incumplirlo no es delito desde 1978 ni causa de divorcio desde 2005. En 1999 el Tribunal Supremo rechazó indemnizar el daño moral causado por la infidelidad; desde la reforma de 2005, parte de la doctrina y algunas audiencias provinciales discuten si cabe responsabilidad civil.
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